INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO
Tarjeta roja para las EPS privadas
Florence Thomas. Columnista de EL TIEMPO
http://eltiempo.com.co/opinion/columnistas/florencethomas/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3446801.html
Están obstaculizando a como dé lugar la prestación de un servicio oportuno.
Marcela, una joven de 22 años con retraso mental severo, fue víctima de
abuso de su padre biológico durante varios años hasta que resultó embarazada.
Con la debida denuncia y apoyada por su madre, solicita la interrupción del
embarazo en su EPS. Esta le hace saber que su caso se decidirá en la próxima
junta médica. Marcela ya tiene más de 12 semanas de embarazo.
Transcurre una semana y la bendita junta no se ha reunido. Transcurren cinco
días más y Marcela no obtiene respuesta. El tiempo pasa. Marcela ya no tiene 12
semanas sino más de 15. Y sigue sin respuesta.
Finalmente, cuando la junta se percata de que Marcela y su madre van a
consultar una abogada, su EPS realiza el procedimiento. Pero fueron tres
semanas, casi un mes de espera, de angustias inútiles y de una clara violación
de las nuevas normativas que sobre el aborto ya existen desde hace ya casi un
año.
Casos como este se están presentado por docenas en la ciudad de Bogotá, donde,
afortunadamente, un pequeño pool de abogadas está prestando asesoría jurídica a
las mujeres a las cuales se les obstaculiza este derecho.
Les podría contar casi 10 casos tan dramáticos o más que el de Marcela. Solo en
Bogotá. Y uno se pregunta: ¿qué más quieren, que más esperan las EPS que están
obstaculizando el acceso a las mujeres a un derecho que fue peleado duramente
en Colombia?
Existen una sentencia de la Corte Constitucional de inmediata aplicación
(C-355, mayo de 2006), un decreto de la Presidencia de la República (4444,
diciembre de 2006) y una norma técnica del Ministerio de la Protección Social
(resolución 4905 de 2006).
Para más claridad, citaré solo algunos artículos de estas normas administrativas.
"La provisión de servicios de aborto debe realizarse en lo posible dentro
de los primeros cinco días siguientes a la solicitud y previo consentimiento
informado por parte de la gestante y la presentación de la certificación médica
o la copia de la denuncia".
En un aparte del decreto se dice: "En ningún caso las EPS, las ARS y las
empresas de medicina prepagada podrán imponer barreras administrativas que
posterguen innecesariamente la prestación de los servicios, barreras tales como
la autorización de varios médicos o la revisión por auditores, periodos y
listas de espera y demás trámites que puedan representar una carga excesiva
para la gestante".
A pesar de esto, varias EPS e IPS privadas están obstaculizando, a como dé
lugar, la prestación de un servicio seguro y oportuno, aumentando tiempos de
espera, desinformando o manipulando ideológicamente a la paciente y su familia
o, simplemente, negando el procedimiento.
En Bogotá algunos de los casos más dramáticos han ocurrido en Cruz Blanca, Compensar,
la Clínica de la Mujer, Saludcoop y la Clínica Palermo, entre otras EPS e IPS
privadas.
En ese panorama lamentable, quiero enfatizar que algunos
hospitales de la Red de Hospitales Públicos sí
están cumpliendo la norma. Por
lo menos en Bogotá. En ese sentido, hay que reconocer al
Hospital Simón Bolívar
y el Hospital San Pedro Claver, entre otros, como centros solidarios
que están
realizando sin obstáculos y con un debido protocolo de
atención médica, los
abortos despenalizados por la ley.
Esperamos, entonces, que las EPS e IPS privadas sean sancionadas como lo prevé
la ley. Ojalá sin demora.
Definitivamente, la medicina hubiera debido seguir siendo un servicio público
para el bienestar de la comunidad y nunca un negocio a espaldas de luchas históricas
y avances en el reconocimiento de derechos fundamentales de las mujeres.
* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad
Florence Thomas